domingo, 14 de noviembre de 2010

CARTA ABIERTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FAPUV

Ciudadanos:
ELÍAS JAUA, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
EDGARDO RAMÍREZ, MINISTRO DE EDUCACIÓN UNIERSITARIA

Desde su creación, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ha velado por un quehacer universitario de elevada calidad en Venezuela y ha luchado por el bienestar y los derechos humanos y laborales de sus agremiados, enfrentando a los gobiernos de turno. Durante toda su existencia, FAPUV ha hecho importantes contribuciones en este sentido, de tal suerte que hoy en su seno se organizan 18 asociaciones representativas de alrededor de 40.000 docentes.

Es un hecho conocido que el movimiento de trabajadores en Venezuela conquistó en su historia de luchas el derecho a la libre organización y a la negociación con el patrón de las condiciones de trabajo y remuneración de sus afiliados. Esa conquista democrática y social de los trabajadores venezolanos está contenida como derecho en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, el patrón es el Estado a través de la administración de las Instituciones universitarias, y el instrumento regulador de la relación laboral, las Normas de Homologación, las cuales tienen rango legal desde la década de los 80 del siglo pasado. Ellas establecen textualmente, en su Artículo 13: “Las tablas de sueldo serán revisadas por el Consejo Nacional de Universidades cada dos años y se tomará en cuenta como criterio para su modificación el índi­ce promedio del costo de la vida durante los dos años ante­riores, según los datos del Banco Central de Venezuela. Los beneficios adicionales serán revisados también cada dos años. A tales fines, se consultará la opinión de la Federa­ción de Asociaciones de Profesores Universitarios de Ve­nezuela (F.A.P.U.V.)”. El incumplimiento desde 2004 de este derecho, viola la Constitución, viola la Ley y se ha erigido en mecanismo perverso de discriminación del personal docente de las universidades venezolanas y de dramática contracción de su salario, con consecuencias nefastas para el bienestar de sus familias y para la misión de nuestras casas de estudio. Para cumplir con este enunciado se designa una comisión para la discusión y acuerdos de las referidas Normas.

Las universidades, por otra parte, han sido sometidas a un ahogo presupuestario de tal magnitud, que su sostenibilidad está en entredicho en este momento. Por esta razón, los universitarios de distintos sectores hemos manifestado a través de la protesta pacífica y multitudinaria nuestro descontento y hemos entregado reiteradas solicitudes de audiencia, ante distintas instancias del Poder Ejecutivo, comenzando, por supuesto, por el ministerio del ramo, así como documentos con nuestras demandas y propuestas.

Luego de la Marcha Nacional Universitaria celebrada en Caracas el 14-10-10, Ustedes, Vicepresidente Ejecutivo y Ministro de Educación Universitaria, ante la Nación entera que seguía los acontecimientos a través de los medios, ofrecieron diálogo con todos los sectores universitarios y aún no han cumplido.

El motivo de la presente es reiterarles, públicamente, la solicitud de que cumplan su palabra y concedan la audiencia solicitada, a fin de buscar soluciones, de manera conjunta, con representantes legítimos de los diferentes sectores universitarios.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA DE FAPUV
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL
SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

jueves, 4 de noviembre de 2010

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

El día jueves 14 del corriente mes y año tuvo lugar en la ciudad de Caracas la marcha promovida y organizada por el sector universitario nacional. Miles de profesores, empleados administrativos, obreros y estudiantes, se hicieron presente, unidos por un interés común y sin distingos de ninguna naturaleza. El objetivo  principal de la marcha, a mi manera de ver, fue llamar la atención de la opinión pública nacional y, particularmente, del sector gubernamental, sobre las insuficiencias presupuestarias que desde hace varios años vienen padeciendo las Universidades del país, lo que las condena, poco a poco, a eliminar programas y a desmejorar en aspectos académicos, organizativos, de gestión e infraestructura física e, inclusive, a disminuir la oferta de cupos para los cientos de miles de bachilleres que anualmente egresan de los estudios medios, en definitiva, a cerrar sus puertas. En Venezuela se ha tergiversado por completo, sobre todo en el sector público, la noción de presupuesto. El presupuesto, teóricamente hablando, es un instrumento de planificación y de gestión o ejecución. Un presupuesto bien elaborado es la traducción en  costos de una determinada o determinadas políticas públicas; por consiguiente, no puede haber presupuesto sin plan o proyectos. Al mismo tiempo, el presupuesto es un factor  para guiar y evaluar una gestión determinada, dado que los distintos rubros o partidas presupuestadas  se convierten en indicadores para medir o evaluar la gestión, de lo que surgen las nociones de eficacia y eficiencia, para referirse al logro de objetivos, pero, también, al logro de objetivos con el menor uso de recursos posibles. Entre nosotros, presupuestar, elaborar presupuestos públicos, termina siendo un ejercicio metodológico, un juego de expertos, una tarea para cumplir con ciertas obligaciones de ley y poder obtener recursos que permita a las instituciones  mantenerse con vida, aunque sea vegetativa. Esto es tan cierto que, inmediatamente,  se aprueba el presupuesto público se advierte que las insuficiencias, las que se conocen previamente, se subsanarán con créditos adicionales. La irracionalidad e irresponsabilidad llega a tal extremo que en no pocas ocasiones los créditos adicionales superan el monto del presupuesto de Ley.En las Universidades Nacionales esta situación forma parte de la vida cotidiana. Hay, supuestamente, un proceder formalmente establecido para elaborar el presupuesto, en el que deben participar varias instancias, tales como las cátedras, departamentos, consejos de escuela, consejos de facultad, etc, es decir, la consulta debe comenzar en las unidades de base hasta llegar a los niveles superiores; pero,  en la práctica, no se consulta ni interviene nadie, toda vez que los organismos  que podemos llamar suprauniversitarios (OPSU-CNU), envían los criterios para la elaboración del presupuesto acompañada de la urgencia respectiva, luego, este presupuesto, así, elaborado, a la carrera, es aprobado en las instancias superiores, al mejor estilo de la planificación centralizada . Elaborado el presupuesto es enviado a los organismos suprauniversitarios, y éstos se deleitan haciendo recortes y eliminando partidas; por consiguiente, son esta instancias, con independencia de las Universidades, las  que en definitiva  terminan haciendo el presupuesto a su real saber y entender, el que  es enviado a la Universidades para su aprobación. Algunas veces, como ha sucedido en la actualidad, los consejos universitarios o sus equivalentes se niegan a aprobar un presupuesto hecho de tal manera, de entrada deficitario; pero, la mayoría de las veces, ante el chantaje de quedarse sin presupuesto, se aprueba, agregando al presupuesto el calificativo de “equilibrado”, lo que de entrada anuncia  la serie de conflictos por venir, debido a que en el presupuesto no se incluye deudas atrasadas, incrementos salariales, ajustes por inflación, crecimiento natural de las instituciones, nuevos proyectos, etc, es más, se utilizan, como ahora, patrones referenciales de 3 y 4 años atrás  como si se tratase de una institución paralizada, que se quedó anclada en el tiempo. La Universidades y sus autoridades se convierten en magas administrando partidas para mantener la institución en   funcionamiento  precario, a costa de incumplimientos laborales  y generales de todo tipo.  Sin duda alguna hablamos de una dinámica perversa que compromete a todos los miembros de la comunidad universitaria. La marcha reciente y la conflictividad universitaria del momento, la que no debe cesar hasta lograr sus objetivos, es el grito desesperado de los miembros de una comunidad que no aguanta más. A los trabajadores universitarios, particularmente, a los profesores, se les niega todo tipo de derecho y de reivindicaciones. Se les incumple, hasta más no poder, sus contratos laborales, sus beneficios socio-económicos y, en general, sus condiciones generales de trabajo, lo que se traduce en un languidecer institucional, en una muerte lenta pero segura. Los llamados créditos adicionales, recientemente aprobados para las Universidades y que causan tanto furor en el Ejecutivo y la Asamblea Nacional , al punto de exigir “cuentas claras”  y la pena de muerte para los administradores universitarios, constituyen un engaño, no entusiasman a nadie, por cuanto se trata de recursos para pagar deudas contraídas hace 3 años o más, con bolívares totalmente devaluados. Pero, nada se dice  sobre aumentos de salario,  Normas de Homologación,  extensión de beneficios,  pago de prestaciones sociales,  aumento de becas, entre otros reclamos, absolutamente justos y nada desestabilizadores. En consecuencia, ¿cómo exigir cuentas claras  y transparencia en la administración de recursos que no existen, que no han sido asignados? El presupuesto universitario es, sencillamente, un engaño.
                                                                                           Absalón Méndez Cegarra

sábado, 24 de julio de 2010

CARTELERA INFORMATIVA DE FAPUV

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL


El próximo jueves 29-07-10, se discute en Asamblea Nacional el crédito adicional para las universidades. Para ese mismo día está prevista la convocatoria a reunión del Consejo Nacional de Universidades (CNU). En la mayoría de las universidades, se trata de la última semana de actividades. Salimos docentes, empleados y obreros de vacaciones sin haber cobrado completo el bono vacacional; sin haber cobrado la deuda salarial que mantiene el Ejecutivo Nacional por concepto de ajuste salarial de 30% de 2008; sin recibir respuesta en relación con el urgente ajuste salarial para el sector universitario, que el gobierno no puede seguir negándose a discutir, y con una gran incertidumbre en relación con la apertura del próximo año académico, dado el agotamiento de la mayoría de las partidas de funcionamiento de las universidades. La falta del presupuesto necesario para transporte y comedor estudiantil, y el bajísimo monto de las becas, comprometen gravemente la posibilidad de prosecución de miles de estudiantes de bajos recursos.